El Comité de la ONU contra la tortura instó este viernes al Vaticano a hacer más para luchar contra los actos de pedofilia cometidos por miembros del clero, al mismo tiempo que destacó los esfuerzos realizados por la Santa Sede en este tema.
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En una primera reacción en Roma, el Vaticano declaró haber “tomado nota” de las observaciones y aseguró que serán “consideradas seriamente”.
El Vaticano destacó además que el comité concluyó que la Santa Sede no infringe la Convención de la ONU contra la tortura (CAT), en los casos de actos pedófilos cometidos por miembros del clero, y reconoció “sus importantes esfuerzos para impedir abusos sexuales contra menores”.
En sus observaciones finales tras la audición hace dos semanas del informe de la Santa Sede, el Comité dijo que el Vaticano debe transmitir las acusaciones recibidas contra religiosos a las autoridades civiles adecuadas para que sean investigadas y eventualmente procesadas.
Asimismo, el organismo encargado de casos de tortura en Naciones Unidas rechazó la posición del Vaticano, que afirma que la Santa Sede tiene jurisdicción sólo en el pequeño estado vaticano.
“El Comité recuerda que la obligación del Estado miembro en el marco de la Convención se aplica a todos los oficiales del Estado miembro o a toda persona que actúe en calidad oficial. Estas obligaciones se refieren a las acciones y omisiones de dichas personas en cualquier lugar en donde ejercen efectivamente un control sobre personas o territorios”, señaló el Comité desde Ginebra.
El Vaticano presentó a principios de mayo su primer informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura, un ejercicio al que deben someterse todos los signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984.
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La Santa Sede firmó esta Convención Internacional en 2002, pero es la primera vez que presenta un informe ante este Comité de la ONU, con base en Ginebra.
Frente a las críticas de asociaciones de defensa de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, considerados como actos de tortura, la Santa Sede se había defendido afirmando que la Convención se aplica únicamente al territorio del Vaticano.
El Comité pidió además al Vaticano que suspenda de sus funciones a cualquier sacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales mientras que la Congregación para la Doctrina de la Fe lleve a cabo su investigación, y no transferir a estas personas a otra diócesis para evitar tener que castigarlos.
