Clayton Locket fue declarado muerto el martes 43 minutos después de que se le comenzara a inyectar un cóctel letal que jamás había sido probado en Estados Unidos, cuando por lo general el cóctel tarda 10 minutos en hacer efecto.
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La larga y dolorosa agonía por “el fracaso de la intravenosa”, según admitieron las autoridades penitenciarias, llevó a suspender una ejecución prevista para ese mismo día y generó indignación incluso en la Casa Blanca, que criticó este miércoles la falta de humanidad en el procedimiento.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte “encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento” para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explica Deborah Denno, profesora de derecho de la Fordham University.
Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
“Ello lleva a los estados que utilizan la inyección letal a improvisar”, observó Robert Blecker, profesor de la escuela de derecho de Nueva York.
Como sucedió en otras dos recientes ejecuciones, “el detenido parece haber sufrido enormemente”, comentó por su parte Lyn Entzeroth, profesora de derecho en la Universidad de Tulsa, Oklahoma. “Es una forma de tortura que plantea problemas constitucionales”, dijo.
Desde hace siete años, varios estados han optado por abolir la pena de muerte por, entre otros motivos, “la increíble dificultad para realizar las inyecciones letales de manera transparente y conforme a la octava enmienda”, que prohíbe “todo castigo cruel e inhabitual”, señaló.
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La gobernadora de Oklahoma (sur), Mary Fallin, ordenó tras la ejecución del martes un “examen completo de los procedimientos” para determinar qué sucedió y por qué.
La abogada de Charles Warner, el condenado que debía ser ejecutado luego, dio incluso un paso más y dijo que “Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte” al exigir “una investigación independiente”, una autopsia y el levantamiento del secreto sobre “los medicamentos utilizados, su grado de pureza, eficacia, origen y los resultados de todas las pruebas” realizadas.
Pelotón y silla eléctrica
Los escasos laboratorios que aceptan entregar productos sabiendo que serán utilizados en ejecuciones lo hacen en el mayor secreto, por temor a represalias, y los estados prefieren ocultar su fuente de aprovisionamiento también por miedo a ser objeto de demandas judiciales.
“Esa es su respuesta a la amenaza de ser sometidos a un boicot económico”, dijo a la AFP Blecker, autor del libro “The Death of Punishment” (La muerte del castigo).
Este ferviente defensor de la pena de muerte se congratuló de que la actual polémica permita reabrir el debate sobre los métodos alternativos a la ejecución letal.
“Yo soy personalmente favorable al pelotón de ejecución, que reconoce que se trata de un castigo y no pretende hacerse pasar por un medicamento”, dijo el docente, que siempre se opuso a la generalización de la inyección letal.
“Los procedimientos de inyección en este país simplemente no funcionan”, dijo por su lado la profesora Denno, experta en métodos de ejecución.
En Tennessee se aprobó el retorno a la silla eléctrica, y en esta misma dirección se dirigen Georgia y Virginia. Los estados de Misuri y Wyoming, por su parte, se inclinarían por el pelotón de ejecución, pero “todos se hallan todavía en un estadio de discusión”, según Denno.
