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Andina. El congresista Sergio Tejada, quien presidió la desactivada “megacomisión”, informó que hoy será denunciado ante la Procuraduría Anticorrupción el exfuncionario del gobierno anterior, quien habría efectuado una trasferencia económica a un banco de la isla Gran Caimán. Indicó que en dicha operación fueron transferidos más de 400,000 dólares americanos desde un banco del Perú hacia una cuenta bancaria de esa isla del Caribe, considerada el mayor paraíso fiscal del continente.
El legislador nacionalista agregó que el nombre del autor de esa transacción se mantendrá en reserva, debido a las normas actuales que cautelan el secreto bancario.
Señaló que ese hallazgo se obtuvo como parte de las investigaciones de la “megacomisión” relativas al caso Sedapal, entidad estatal en la que -estimó Tejada- habría existido en el régimen anterior una mafia o red de corrupción.
‘No sé exactamente en qué periodo, pero es parte del caso Sedapal (…) No estoy diciendo tampoco que se trate de un militante aprista (…) No tenemos una explicación a detalle de a qué puede responder esa transferencia. Hoy estamos formulando la denuncia’, declaró a la prensa.
Procurador Salas Por su parte, el procurador anticorrupción, Christian Salas, adelantó que este caso será investigado, siempre que presente la denuncia respectiva, y con el nombre del presunto autor de esta operación bancaria.
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Explicó que, si existe conocimiento de un presunto caso de corrupción o enriquecimiento ilícito en torno a este caso, la denuncia debería ser remitida a la Procuraduría a su cargo o al Ministerio Público para que se lleven adelante las pesquisas correspondientes.
‘Lo primero es que la noticia nos llegue a nosotros. Si aún no tenemos identificada a la persona, no podríamos hacer ninguna indagación. Seguramente el congresista (Tejada) nos hará llegar la información. Apenas nos llegue, haremos las indagaciones respectivas’, detalló Salas.
A su criterio, cualquier acto de corrupción o enriquecimiento ilícito merece ser indagado, sobre todo, aquellos que impliquen a funcionarios públicos, quienes -dijo- tienen el deber de someterse a todas las investigaciones y ser trasparentes con sus cuentas.
