La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) advirtió el martes contra “una espiral de violencia” en Venezuela, donde casi dos meses de protestas dejaron cerca de 40 muertos, y urgió al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a respetar los derechos humanos.
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“O los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia”, afirmó Esteban Beltrán, director AI de España.
Si la tendencia no se revierte, el país se verá confrontado a “un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos”, como violencia policial, acoso a periodistas o detenciones arbitrarias, sostiene el informe Venezuela. Los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas.
La organización está especialmente “preocupada por el uso de armas de fuego contra manifestantes”, indicó Nuria García, investigadora de AI.
El informe relata, entre otros, los casos de la manifestante Génesis Carmona, de 22 años, quien murió el 18 de febrero, supuestamente baleada por “un grupo armado pro gobierno”, o el del guardia nacional Giovanny José Pantoja Hernández, por tiros de “personas no identificadas”.
Según el informe, desde el inicio de las protestas, han muerto al menos 37 personas y más de 550 han resultado heridas, 120 de ellas por armas de fuego. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.
La violencia ha sido ejercida tanto por las fuerzas del seguridad que “hasta han torturado a manifestantes” como por “grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados”, según AI.
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García denunció la existencia de grupos armados progubernamentales que han “empleado la violencia para atacar a manifestantes durante las protestas, muchas veces ante la presencia de las fuerzas del orden, sin que estas intervinieran”.
Por el contrario, “no hemos documentado grupos armados organizados por la oposición” aunque sí “casos de abusos de derechos humanos cometidos por manifestantes de la oposición”, detalló Beltrán.
García insistió en que todas los casos denunciados “son inaceptables” y deben ser investigados.
