Al mediodía, en el sector central de Caracas un puñado de manifestantes oficialistas que respondió a la llamada a participar de una “marcha antifacista” convocada por ministros del gobierno, se desconcentró sin pena ni gloria.
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A la misma hora, periodistas de la AFP constataron que al menos una columna de dos centenares de estudiantes convergía por el Este rumbo a Plaza Altamira, habitual sitio de las protestas antichavistas.
El miércoles, miles de estudiantes acompañados por dirigentes opositores marcharon por la capital y otras ciudades del interior del país contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de estudiantes en las protestas de calle de los últimos 10 días.
Las manifestaciones derivaron en incidentes entre estudiantes, grupos que se identificaban como simpatizantes del gobierno y fuerzas antimotines y los choques se prolongaron doce horas anta la noche.
Durante las protestas, además de balaceras aisladas y enfrentamientos a pedradas, grupos de manifestantes quemaron neumáticos, atacaron la sede del Ministerio Público en Caracas e incendiaron varios carros de los cuerpos policiales, tras lo cual fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas, constató la AFP.
En un encendido discurso por radio y televisión tras los disturbios, Maduro denunció “un golpe de Estado en desarrollo”, pero prometió que “la revolución bolivariana va a triunfar” y aseguró dio “instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad […] quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido”.
Ordenes de arresto
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En la madrugada se conoció que una jueza había ordenado detener al líder opositor Leopoldo López, acusado de homicidio, lesiones graves y asociación para delinquir.
López, líder del partido Voluntad Popular, es uno de los tres dirigentes que impulsan la táctica de ocupar las calles con protestas antigubernamentales bajo el lema “La salida”. Los otros dos son el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la diputada Maria Corina Machado, que goza de inmunidad parlamentaria.
López está “en su casa, con sus abogados. Está en Venezuela, se queda en Venezuela y va a dar la cara porque no tiene nada que temer, porque va a seguir protestando en la calle”, anunció Carlos Vecchio, dirigente del mismo partido.
Vecchio explicó que los fiscales y jueces han “confirmado extraoficialmente” la orden de captura y que los abogados acudieron a tribunales para conocer la medida judicial, pero no obtuvieron respuesta.
La fiscalía también emitió orden de captura contra el ex embajador venezolano en Colombia Fernando Gerbasiam y un ex jefe de Casa Militar durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ivan Carratú Molina, acusándolos de vínculos con la violencia del miércoles.
No hay miedo
Varios voceros estudiantiles habían prometido a través de las redes sociales que se mantendrían en las calles.
“El llamado es a la lucha no violenta del pueblo de Venezuela. NO HAY MIEDO”, escribió Gaby Arellano, líder estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), que en los últimos días inició protestas en los estados Táchira, Zulia y Mérida (oeste), en cuya capital hubo una decena de estudiantes detenidos y cinco heridos de bala el martes.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, soporta una inflación anual de 56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos, mientras que la violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, según se tomen estadísticas oficiales o de ONGs.
“No creo que los eventos de ayer se traduzcan en una pérdida de popularidad para Maduro (…). Es mucho más riesgoso para él sus malos movimientos en lo económico, pues empeorarán la calidad de vida de la población y eso sí podría afectar su popularidad”, explicó a la AFP el analista político Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.
Entretanto el canal colombiano de noticias NTN24, que otorgó gran cobertura a los incidentes, seguía hoy fuera de las parrillas de las dos redes de televisión por cable que lo distribuían en Venezuela.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, un órgano gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había amenazado con sanciones para aquellos medios que hagan “promoción de la violencia”.
Interrogados por la AFP, el Ministerio de Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dijeron que carecían de información sobre ese tema.
