Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió que existe amplia evidencia de que los 200 mil casos de esterilizaciones forzadas fueron política de Estado en el gobierno de Alberto Fujimori.
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‘Pretender procesar solo a unos médicos por el crimen de negligencia es negar que hubo una política coordinada desde los más altos niveles del Estado’, dijo en Andina.
Según indicó, la apreciación fiscal resulta inexplicable ya que el caso constituye “sin duda alguna” una violación internacional de los derechos humanos que los estados se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables.
Asimismo, Burt destacó los hallazgos de las investigaciones realizadas por las comisiones del Congreso, Defensoría del Pueblo y otras organizaciones no gubernamentales que dan evidencia de que la esterilización forzada “no fue una práctica aislada”.
Por su parte, Sigfrido Florián, abogado de las víctimas, anunció que solicitarán la visita de la relatora de Derechos de las Mujeres al Perú, de la Comisión Interamericana de DD.HH.
