Por: Gabriel Murillo
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Gran conmoción produjo en Colombia el sorpresivo fallo de La Haya, leído el 19 de noviembre del 2012, que le quitó cerca de 50 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y se los otorgó a Nicaragua.
Aunque el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició tiempo atrás, correspondió al Gobierno actual de Juan Manuel Santos enfrentar las consecuencias. Por tal razón, el presidente Santos determinó que no aplicará el fallo hasta tanto se garanticen los derechos de los habitantes colombianos del archipiélago afectado en el Mar Caribe.
‘He dicho que ese fallo vulneró muchos derechos de los colombianos. Y yo no voy a aplicar ese fallo hasta garantizar que esos derechos están bien defendidos. Y me voy a proponer, mañana, tarde y noche, lograr recuperar esos derechos que nos fueron vulnerados’, explicó el presidente colombiano.
La estrategia del Gobierno de Santos, a pesar del lenguaje beligerante que en ocasiones ha utilizado el presidente nicaragüense Daniel Ortega, ha sido la de no aplicar el fallo de La Haya hasta que no se realice un nuevo tratado.
Además, el Ejecutivo colombiano declaró al archipiélago como Zona Contigua Integral y realizó programas para la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower (una de las mayores reservas de coral y biodiversidad marina del mundo).
Por último, el Gobierno ratificó que no cumplirá con lo que La Haya ordenó y emprendió una cruzada para frenar lo que calificó como ‘las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena’.
