Se trata de la primera vez que la Santa Sede es cuestionada por una entidad internacional por haber encubierto por décadas a curas pedófilos.
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El comité de la ONU, con sede en Ginebra, deberá divulgar luego su informe acerca de la aplicación por parte de los 193 Estados miembros, entre ellos la Santa Sede, de la convención que protege a los niños.
El comité no tiene poderes sobre la aplicación de la ley, pero un reporte negativo podría resultar un golpe para la Iglesia católica presidida desde marzo por el argentino Francisco, quien se comprometió a cambiar el rostro de la institución tras los escándalos que la han desprestigiado.
El Vaticano ratificó la convención de la ONU en 1990 mucho antes de que se multiplicaran las denuncias primero en Irlanda y Estados Unidos y luego se extendieran a medio mundo, inclusive a América Latina.
En 1995 la iglesia estableció que toda denuncia de abusos a menores por parte de curas debe ser notificada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En el 2011, sacudida por la magnitud del fenómeno, el Vaticano ordenó a todos los obispos del mundo que denuncien a la justicia ordinaria del propio país a los miembros del clero acusados de pedofilia.
Monseñor Charles Scicluna, considerado una de las personalidades más severas de la jerarquía católica, fue escogido por el Vaticano para responder en Ginebra al cuestionario de la ONU.
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Asociaciones de víctimas de sacerdotes pedófilos, sobre todo de Estados Unidos, han criticado a la Santa Sede por evitar dar informaciones sobre los casos y quieren saber si fueron denunciados a la autoridad judicial o si han sido encubiertos por la jerarquía de la Iglesia.
Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han perdido perdón público a las víctimas de abusos y decidieron ordenar la llamada “tolerancia cero” de cara a toda denuncia.
Sin embargo, la Santa Sede se negó en diciembre a responder al cuestionario de la ONU enviado en julio en el que se le pedía explicaciones sobre los casos que examina la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La jerarquía de la Iglesia católica se limitó a recordar al organismo de la ONU que la Santa Sede, como Estado, no tiene jurisdicción legal por los abusos cometidos por curas en otros países.
“No hay dudas de que la competencia legal no es de los obispos y las conferencias episcopales”, precisó en un comunicado. Los horrores del pasado Para el Vaticano la amplia investigación eclesiástica interna debe ser mantenida en secreto para proteger tanto a las víctimas como a los testigos, pero sí invita a las iglesias locales a colaborar con la justicia ordinaria de cada país.
La reunión de Ginebra se celebra justo cuando la congregación ultraconservadora Legionarios de Cristo celebra una asamblea extraordinaria en Roma para decidir su futuro después de haber ocultado por décadas los horrores cometidos por su fundador, el mexicano Marcial Maciel, entre ellos el haber abusado de los hijos que tuvo con dos mujeres, a las que engañaba diciendo que era soltero, así como su adicción a la morfina y sus negocios oscuros.
El papa Francisco creó a inicios de diciembre una comisión para ayudar a las víctimas de curas pedófilos y evitar nuevos casos.
La comisión, creada por consejo de los ocho cardenales que lo asesoran para la reforma la Curia Romana, deberá trabajar con los obispos y las conferencias episcopales y sugerir las medidas a adoptar para la protección de niños.
El nuevo organismo, que no satisface a las asociaciones de víctimas, deberá fijar programas específicos para la protección de los niños y elaborar directivas para la formación del personal que trabaja y mantiene contacto permanente con menores, niños y adolescentes.
Igualmente deberá ayudar a las víctimas de abusos y a sus familiares y colaborar con las autoridades civiles que investigan los casos.
Pese a esa voluntad, una página internet denunció al Vaticano por no autorizar la extradición a Polonia del religioso Jozef Wesolowski, acusado de actos de pedofilia en República Dominicana.
La justicia vaticana está realizando una investigación sobre el caso, pero mantiene el secreto con lo que alimenta las sospechas, sobre todo de las asociaciones de víctimas.
Si bien todo funcionario o eclesiástico que trabaje para la Santa Sede puede ser perseguido por pedofilia en caso de denuncia, la transparencia no parece reinar tras las murallas del palacio apostólico.
Una de las víctimas, el español Miguel Hurtado, miembro de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), sostiene que el Vaticano no ha cambiado de mentalidad de frente a ese fenómeno.
En Estados Unidos, el obispo Robert Flinn, sigue en su cargo pese a haber sido condenado en 2012 por haber encubierto a un cura que abusaba de menores.
“Si hubiera defendido la ordenación de mujeres o la píldora anticonceptiva ya hubiera sido trasladado. Sólo omitió denunciar el abuso sexual de un menor “, ironizó Hurtado.
