La sentencia, de carácter inapelable, será leída en una audiencia pública por el presidente de la Corte, Peter Tomka, el 27 de enero de 2014 a partir de las 15h00 locales en La Haya (18H00 GMT), informó la cancillería chilena en un comunicado.
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El fallo pondría fin a un caso que data de 2008, cuando Perú demandó a Chile ante la CIJ alegando que la delimitación marítima entre ambos países no estaba demarcada.
Chile rechaza la demanda y afirma que dos acuerdos, firmados en 1952 y 1954, fijaron la frontera marítima entre los dos países. En visión de Perú, esos acuerdos sólo regularon cuestiones relativas a la pesca pero no marcaron el límite marítimo.
No obstante, la frontera marítima fijada en los acuerdos que Chile menciona es la que respetan ambos países al día de hoy.
“El Gobierno de Chile espera con serenidad el fallo que dictará la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con su tradición de respeto del derecho internacional”, afirmó la Cancillería chilena en el comunicado.
“El Gobierno ratifica la Política de Estado que invariablemente ha seguido el país en esta materia y continuará manteniendo las debidas coordinaciones con los Poderes Públicos, así como con sectores nacionales y regionales relevantes”, agregó el texto.
En Perú, uno de sus responsables ante la CIJ, José García Belaúnde, expresó su confianza en que ese tribunal dará la razón a su país.
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“La razón nos asiste y hemos sabido plantear bien el caso”, dijo a la AFP García Belaúnde, quien comparte con el embajador Alan Wagner la responsabilidad de la delegación peruana ante la CIJ.
“Llega al final un proceso largo de seis años donde Perú planteó un tema y lo desarrolló con solvencia”, agregó el representante peruano, quien fuera canciller cuando Lima presentó oficialmente la demanda ante la CIJ el 2008.
El próximo fallo es inapelable y podría modificar la actual delimitación marítima de ambos países en la frontera norte de Chile.
La CIJ debe decidir si ratifica los límites de los acuerdos existentes trazados en base a un paralelo o propone una delimitación en base a una línea equidistante y bisectriz que emerge desde la frontera terrestre, que es lo que reclama Perú.
Lima reclama más de 60.000 km2 de territorio marítimo, que actualmente se consideran aguas chilenas, y una zona de 27.700 km2 de alta mar.
Al proyectar la frontera marítima como pide Perú, se podría modificar levemente el inicio del límite terrestre entre ambos países.
Una fecha que bajaría la ansiedad La fecha escogida por La Haya cae en medio de las vacaciones de verano en ambos países, en una época, además, de baja intensidad política.
En el caso de Chile, la sentencia se conocerá en plena transición entre el saliente gobierno del derechista Sebastián Piñera y quien gane el balotaje de este domingo, que según todos los pronósticos sería la exmandataria socialista Michelle Bachelet.
Para analistas, la antelación con la que la Corte ha notificado a los dos países sobre la fecha de la sentencia, permitiría rebajar la ansiedad entre ambas partes y preparar una mejor estrategia para enfrentarlo ante la opinión pública.
Según la Cancillería chilena, tradicionalmente, la Corte notificaba con escasos días la entrega de sus sentencias.
“Me llama la atención que la Corte con más de un mes de anticipación señale cuando va a leer el fallo”, dice a la AFP el politólogo de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann.
“En la práctica la Corte quiere sacarse presión de encima y dar certeza respecto de que el fallo efectivamente va a estar en una fecha, para que ambos países se preparen, y bajar la expectativa y las ansiedades que podrían haber en cada uno de los países”, agregó.
Con todo, los gobiernos de Sebastián Piñera y Ollanta Humala se han comprometido a acatar el fallo, aunque eventualmente deberían concordar la forma de implementarlo en caso de que plantee modificaciones a la actual delimitación.
“Lo que está acordado por los países es que el fallo se acepta, se acata, y lo que viene después es establecer la manera en que se va a implementar. Y es ahí donde probablemente va a tener un acuerdo una vez que se sepa el fallo”, aseguró Holzmann.
“Eso supone crear una comisión binacional para establecer los procesos de implementación con los cambios que haya que hacer”, concluyó.
