“Demasiada gente en Nueva York ha sido privada de su libertad básica demasiado seguido”, afirma la jueza Shira Scheindlin en una orden de 198 páginas en el caso llevado adelante por David Floyd y otros contra la Ciudad de Nueva York.
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La magistrada afirma que los controles y cacheos policiales violan los derechos previstos por las Cuarta y Decimocuarta enmiendas de la Constitución estadounidense. La primera de ellas protege contra registros y decomisos irrazonables y la segunda garantiza una protección igualitaria ante la ley.
El fallo supone un duro golpe contra el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el jefe de la policía de la ciudad, Ray Kelly, defensores a ultranza de esta práctica de las fuerzas de seguridad.
La orden de Scheindlin señala que Nueva York “tiene una política de evaluación racial indirecta basada en una base de datos local sobre sospechosos de crímenes”.
“También he llegado a la conclusión de que los más altos responsables de la ciudad han cerrado los ojos a la evidencia de que los oficiales están llevado a cabo los controles de una forma racialmente discriminatoria”, agregó.
Scheindlin halló que la policía de Nueva York procedió a unos 4,4 millones de controles espontáneos en las calles de la ciudad entre 2004 y 2012, y que el 83% de los mismos fueron efectuados a negros e hispanos.
La jueza no ordenó el cese de los controles, sino que designó a un abogado independiente, Peter Zimroth, para que verifique que la policía cumple con la constitución.
De acuerdo con la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, según sus siglas en inglés), citando datos de la propia policía, nueve de cada diez personas controladas han sido halladas inocentes.
De su lado, las autoridades defienden ese tipo de controles como un modo de prevenir delitos graves.