A medida que se acerca el 7 de julio, cuando se celebrarán elecciones locales en 14 estados de México, la violencia se recrudece contra candidatos y líderes de partidos, una tendencia que parece resurgir en cada coyuntura electoral, en este país asolado por el crimen organizado.
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Sólo durante la jornada del sábado se registraron dos ataques presuntamente relacionados con los comicios locales, en el que fallecieron tres personas y una candidata a diputada resultó herida.
En Sinaloa (noroeste) fue hallado muerto el hijo de 19 años de Antonio Loaiza, un coordinador municipal de campaña; mientras que en Oaxaca (suroeste), la aspirante a diputada para el Congreso local Rosalía Palma resultó herida tras sufrir un ataque armado, en el que murieron su esposo y su asistente.
Estos hechos se suman a una larga lista de episodios violentos ocurridos desde que comenzó la campaña electoral de cara a las elecciones locales, en las que 14 de los 32 estados mexicanos elegirán un total de 1.348 ediles, 441 diputados locales y un gobernador.
También este mes, pero el día 12, fue hallado muerto con impactos de bala Jaime Orozco, candidato por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, un municipio de Chihuahua (norte).
Ese lugar se encuentra en el llamado Triángulo Dorado, una zona fronteriza con Durango (norte) y Sinaloa donde proliferan los cultivos de adormidera y marihuana, que es considerado feudo del cártel de Sinaloa del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Siempre ha habido violencia” en tiempos de comicios, comentó a la AFP Leonardo Curzio, periodista, catedrático e investigador de la pública Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad.
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El hecho de que esa tendencia se repita a cada elección “me parece inquietante, quiere decir que la presión del crimen organizado contra los gobiernos locales es cada vez mayor”, y que este fenómeno se extiende en todo el país, opinó.
Según datos oficiales, 5.296 personas murieron en hechos relacionados con el crimen organizado durante los primeros cuatro meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una cifra que ascendió a más de 70.000 durante todo el mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
