En una resolución dividida, con tres votos a favor y dos en contra, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió el lunes dejar sin efecto la histórica condena emitida el pasado 10 de mayo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, al considerar que se incumplió el debido proceso.
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La CC ordenó que el juicio, iniciado el 19 de marzo, debe regresar al punto en que quedó el 19 de abril, cuando la Sala Tercera de Apelaciones ordenó suspenderlo provisionalmente al acoger un amparo del abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García.
Según la CC, que anunció su fallo la noche del lunes tras diez horas de deliberación sobre recursos interpuestos por la defensa de Ríos Montt, el Tribunal de Mayor Riesgo incumplió esa resolución y reanudó el debate el 30 de abril sin tramitar la recusación planteada por García.
El secretario general de la CC, Martín Guzmán, quien anunció la resolución el lunes, aclaró que serán los mismos jueces los que deben darle continuidad al proceso y que esa instancia avala todo lo actuado antes del 19 de abril pasado.
“El Tribunal ya externó opinión y la Ley del Organismo Judicial establece que cuando un juez emitió opinión, no pueda seguir conociendo. Por lo tanto, el Tribunal en pleno se debe excusar y se deben nombrar nuevos jueces y éstos lo tienen que reiniciar”, comentó García.
Los magistrados de la CC que votaron en contra, Gloria Porras y Mauro Chacón, estimaron que esa instancia se excedió al anular la sentencia y estimó que los recursos presentados por la defensa debieron tramitarse por las vías ordinarias de la justicia.
Roberto Molina, unos de los tres que votó a favor, justificó la decisión al señalar que “en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa y, en este caso, que sea tramitado por jueces imparciales”.
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La CC ordenó a la Sala de Apelaciones que en un plazo de 24 horas después de notificada dicte una nueva resolución, en sustitución de la que quedó sin efecto” y a los jueces del Tribunal de Riesgo a cumplirla. En caso contrario, advirtió, enfrentarán responsabilidades civiles y penales.
El exdictador, de 86 años, permanece recluido desde hace una semana en el Hospital Militar de la capital luego de sufrir una crisis de hipertensión, y ahora la justicia deberá resolver si vuelve a dictarle el arresto domiciliario en el que estaba desde enero de 2012 cuando se inició el proceso formal de acusación.
Una sociedad dividida
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo dictó hace diez días la histórica sentencia, que condenó a Ríos Montt, de 86 años, a 50 años de prisión por genocidio y a 30 años por crímenes contra la humanidad.
Ríos Montt fue responsabilizado de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. En el mismo juicio fue absuelto el general José Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia. Ahora, con la decisión de la CC debe volver a juicio.
El juicio puso en evidencia que la reconciliación en Guatemala aún es un tema pendiente, y revivió heridas de la guerra civil (1960-1996). Agrias discusiones se entablaron entre militares, grupos de derecha y empresarios, que niegan que haya habido un genocidio, y grupos sociales, académicos y activistas de derechos humanos que exigían el reconocimiento de que se cometió ese delito.
“No vemos justo el fallo, porque el debate ya se había terminado, ya hay una sentencia y a nosotros nos están corriendo los 10 días que nos da el Código Procesal Penal para presentar apelaciones, si las hubiese”, comentó el querellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Héctor Reyes, al señalar que estudian los pasos a seguir tras la decisión de la CC.
Amnistía Internacional calificó el martes de “golpe devastador para las víctimas” la anulación.
“Es una buena noticia para el país porque la CC se apegó al derecho y pide que se respete el debido proceso”, afirmó Santiago Molina, presidente de la cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Al considerar que el tribunal constitucional “hizo justicia”, el defensor de Ríos Montt afirmó: “Eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”.
La sentencia del 10 de mayo tuvo eco en América Latina y en otras partes del mundo: Ríos Montt se había convertido en el primer líder latinoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser condenado por genocidio.
“Ese tipo de decisiones nos hace ver cómo un país atrasado, nos genera una imagen negativa. Es una bofetada para las víctimas, es una bofetada para la justicia”, afirmó el director de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado, Nery Rodenas
El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de la guerra civil (1960-1996) en Guatemala, la cual dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según la ONU.
