El consejo indígena Marka Julián Apaza, conformado por representantes de ayllus aymaras de la ciudad boliviana de El Alto (sobre La Paz) para aplicar justicia comunitaria, aprobó ayer la castración química para los violadores sexuales y la amputación de una mano para los ladrones reincidentes.
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Al respecto, Carmelo Titirico, dirigente de esta organización, señaló que las drásticas medidas están amparadas por la Constitución boliviana, que en su artículo 191 reconoce la validez de la justicia comunitaria y las decisiones que el consejo indígena tome.
Sin embargo, varios congresistas bolivianos recordaron ayer que están prohibidas las penas de daño corporal en el país.
‘Nuestra Constitución prohíbe estas penas bajo cualquier circunstancia. Tendríamos que cambiar la Constitución’, dijo el diputado Javier Zabaleta, aliado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
