El implacable juez de la corte suprema de Brasil Joaquim Barbosa, relator del juicio por corrupción contra altos cargos del gobierno y partido del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva , será tema del carnaval, con miles de máscaras con su retrato, informó una fabricante en Rio.
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“Es como un Batman, un justiciero”, dijo la fabricante de máscaras y disfraces Olga Gibert, en entrevista a la revista Veja del domingo, en la que anuncia que producirá “de 5.000 a 10.000 máscaras de él” para el próximo carnaval de Rio de Janeiro , con opción de ser acompañadas de la toga.
“Mi fábrica siempre retrató a políticos, desde el fin de la dictadura (1985). Este año, viendo el juicio, percibí que él (Barbosa) era un personaje muy carismático”, explica esta española, dueña de la fábrica de máscaras fundada en 1958.
La fabricante también lanzará máscaras de los dos más conocidos acusados en el histórico juicio: el extodopoderoso ministro jefe de gobierno, José Dirceu, y el expresidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino.
Hasta ahora, las máscaras más vendidas en el carnaval de Rio fueron las de la presidenta Dilma Rousseff y del payaso Tiririca que se tornó el diputado más votado del país, ridiculizando al Parlamento, explica Gibert.
Con una biografía ejemplar por su origen humilde, que logró formarse en las mejores universidad nacionales e internacionales y denunció como sufrió prejuicios por ser negro, Barbosa fue nombrado juez del supremo en 2003 por Lula.
La dureza con la que ha llevado el juicio, pidiendo condenas para casi todos los acusados, le ha valido controversias en medios jurídicos, y popularidad en las redes sociales donde aparece como justiciero, con su toga como si fuera una capa de Batman o Superman.
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La próxima semana, el juicio entra en una fase clave: la que analizará si es considerado culpable el núcleo político que rodeaba a Lula.
El juicio busca determinar la responsabilidad de exministros, dirigentes históricos del PT y empresarios, en una contabilidad ilegal paralela del partido, que presuntamente compró votos de parlamentarios. El caso hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula.
