Carla Rojas-Bolívar, directora de Apoyo y Fortalecimiento de la Familia del MIMP, sostuvo que actualmente los deudores alimentarios solo tienen una ‘sanción moral’ si incumplen con la obligación de garantizar la manutención de sus hijos. “Por ello queremos ampliar las sanciones, para que tengan limitaciones económicas, laborales y políticas”.
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Refirió que desde su puesta en funcionamiento el 2007 el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que administra el Poder Judicial reporta 1,700 casos a nivel nacional.
La funcionaria dijo que para el caso del acceso al crédito, se evalúa la posibilidad de que al deudor alimentario se le retenga el monto que debe por la pensión alimentaria.
‘Se está viendo la forma de que no se afecte al sistema financiero, pero que pueda también contribuir al pago efectivo de la pensión alimentaria’, anotó.
Cuando se trate de desempeñar la función pública, Rojas-Bolívar indicó que la iniciativa parte del principio de que se genera un conflicto de intereses cuando un funcionario trabaja haciendo política pública y, por lo tanto, no puede eludir su responsabilidad para con sus hijos.
Consideró que un deudor alimentario tampoco debería postular al cargo de alcalde, regidor, presidente o consejero regional, parlamentario o presidente de la República si no puede cumplir con su deber esencial como padre de familia.
Estos impedimentos desaparecerán una vez que el deudor alimentario cumpla con su obligación y no vuelva a aparecer en el Redam, dijo.
La funcionaria adelantó que durante mayo y junio se realizarán las reuniones de debate entre las instituciones vinculadas a este tema, y se espera tener para julio una propuesta consensuada que se constituya en proyecto de ley.
